Uruguay ofrece compensación a Clarín por decreto anulado por TCA

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) busca avanzar así en el reordenamiento de espectro para liberar la banda de 700 MHz para 4G-LTE, aceptando una recomendación elevada por Sergio De Cola, titular de Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), luego que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anulara un decreto de 2012.

Esta resolución administrativa, firmada por el presidente José Mujica, por un lado, limitaba a la mitad la cantidad de frecuencias autorizadas a Bersabel SA (Cablevisión) y Visión Satelital, los operadores que el Grupo controla en Uruguay, que tenían hasta ese momento 15 canales con cobertura en Montevideo, y 12 en Canelones respectivamente, y por el otro modificaba la ubicación de algunas de ellas para liberar la banda.

En septiembre pasado, el TCA resolvió anular el decreto por considerar que el Ejecutivo debía haber informado a Clarín del contenido de la resolución antes de hacerla efectiva, para que el interesado pueda hacer su descargo, aunque no analizó la cuestión de fondo.

En el momento de presentarse ante la Justicia, Clarín reclamó al Estado una compensación de 13,9 millones de dólares por los costos que había generado el cambio de frecuencia de sus canales, y bajar la cantidad total de canales asignados de 27 a 20.

De acuerdo al proyecto de decreto que trascendió en Montevideo, la propuesta del Gobierno consistiría en ofrecer 16 canales para los dos operadores de Clarín. Y como dos de ellos están en una ubicación muy cercana a los servicios de comunicaciones móviles y sufren de interferencia, ofrece una compensación, por única vez, de 7 millones de dólares para cubrir los gastos que ambos operadores deberán afrontar en infraestructura para evitarla.

Sergio De Cola señaló al diario El País que recomendó al Ministerio, frente al fallo del TCA, a acercar lo más posible al pedido de Clarín, ya que además de ser justificables los planteos de incremento de costos por la reubicación, se evitaría así un nuevo juicio que demandaría años resolver, interfiriendo en las nuevas licitaciones y las inversiones en el sector.